ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso convierte su investidura en un alegato contra el sanchismo: «Bildu sí está gobernando España»

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Paula Baena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pronunciado este miércoles su discurso de investidura en la Asamblea de Madrid, en el que ha hecho una enmienda a la totalidad del sanchismo y ha proclamado que «Bildu sí está gobernando España».

En respuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguraba hace dos días que no había gobernado con Bildu, Díaz Ayuso ha sentenciado que los proetarras sí está gobernando España y ha criticado que «ellos y sus socios han buscado el desprestigio o el ninguneo de nuestras más altas instituciones: la Corona, los jueces, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, los funcionarios de carrera, la Administración consultiva; como también se ha hostigado desde el poder a periodistas, empresarios, a la oposición, o a cualquiera que criticase lo que ocurría o quisiera actuar en libertad».

Para la presidenta madrileña, que este jueves revalidará el cargo oficialmente con la correspondiente votación en la Cámara autonómica, el «buen nombre y el prestigio de España», así como «la prosperidad de las nuevas generaciones, el orden constitucional, la convivencia, la libertad y la pluralidad están comprometidos».

Con todo, la presidenta se ha mostrado optimista en cuanto a que «el deterioro político, moral y social de estos últimos años, a manos de ideologías totalitarias que nadie ha votado, ha llegado a su fin». «El cambio es imparable porque España entera lo tiene claro: España merece un mejor Gobierno, y no quiere que sus enemigos ocupen sus instituciones, ni que la cambien por la puerta de atrás», ha lanzado.

En ese sentido, Ayuso ha ahondado en que, a su juicio, los españoles no «soportan más la fragmentación y el debilitamiento de España a manos de los nacionalistas, la presencia de los terroristas y sus cómplices en las instituciones, la impunidad de agresores sexuales, delincuentes habituales y socios con graves delitos» y tampoco asumen «el hecho de que hoy en España los ciudadanos no sean iguales ante la ley, que se maquille a los parados llamándoles ‘fijos discontinuos’, que consientan los delitos borrándolos del Código Penal o que se diga que con el terrorismo se acaba regalándole escaños».

«Los españoles, de izquierda a derecha, no quieren perder su país, ver cómo se apaga, asumir que a los jóvenes se les empuja al victimismo, sufragar montajes con dinero público para fomentar supuestas nuevas luchas de clases (entre el hombre y la mujer, el campo y la ciudad, lo público y lo privado, los mayores y los jóvenes…), que solo buscan dividir a la sociedad para que pierda la iniciativa y controlarla», ha sostenido.

En otro orden de cosas, a nivel autonómico, la presidenta ha anunciado varios de los planes e iniciativas que su Ejecutivo, cuyos consejeros tomarán posesión el próximo lunes, tiene previsto llevar a cabo a lo largo de esta legislatura.

Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que mantendrá 9 consejerías, entre las que habrá una nueva dedicada exclusivamente a la digitalización. En este sentido, ha remarcado que los españoles piden «austeridad» y ha comparado su escueto Gobierno con los 23 ministerios del Gobierno de Sánchez, «la mitad de ellos sin competencias».

Además, la también presidenta del PP de Madrid ha asegurado que modificará la Ley 2/ 2016, conocida como «Ley Trans de la Comunidad de Madrid». «Debemos seguir haciendo eficazmente aquello en lo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera: proteger a las personas transexuales», ha señalado.

Pero, ha subrayado, «garantizando en todo momento: la calidad legislativa; la constitucionalidad de todos los artículos de la ley; la igualdad de oportunidades de las mujeres en el deporte y en todos los ámbitos de la vida; la protección de los menores; la libertad educativa y de cátedra; la seguridad jurídica; la presunción de inocencia; la libertad de prensa; y la no criminalización de la intervención de los profesionales sanitarios». Ayuso se ha comprometido a que «nadie quede desamparado en sus legítimos derechos» pero, al mismo tiempo, se ha mostrado contraria a que se haga «ingeniería social» a costa de estas personas.

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